El paulatino reconocimiento que en las normas y la jurisprudencia viene adquiriendo la figura de la v ctima, constituida o no en querellante en el proceso penal, sobre la base del derecho a la jurisdicci n que emerge de Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, produce un acomodamiento constante en los roles y facultades de las partes en el sistema de enjuiciamiento, cuyos l mites a n no han sido debidamente fijados. Todo ello define un perfil de actuaci n m s amplio y aut nomo para el acusador privado, por lo que es preciso definir como se articula su actuaci n con la del Ministerio P blico en el ejercicio de la acci n penal p blica la que ha sido, seg n la tradici n constitucional, exclusiva y excluyente titularidad de ste ultimo.